La Fiscalía Superior de Catalunya ha rechazado que el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, cometiera los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa en su respuesta tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obligaba a garantizar un 25% de castellano en la escuela catalana. Así lo expone el fiscal superior, Francisco Bañeres, en su decreto de archivo de la denuncia presentada por Cs, y el fiscal Pedro Ariche en dos informes enviados al TSJC en los que interesa la inadmisión a trámite de la denuncia de Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana, y de la querella de Vox.

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